Arranca la XXII Cumbre Iberoamericana, donde el Gobierno español tendrá ocasión de transmitir a las autoridades de República Dominicana la preocupación por la seguridad de las inversiones españolas en el país. ¿Es seguro invertir en la República Dominicana? La respuesta, a tenor de las actuaciones de las autoridades del país con las empresas extranjeras y, en concreto, con algunas españolas, es negativa. El nuevo Gobierno de Danilo Medina tiene ante sí el reto de enmendar la política intervencionista y más propia de otros países comoArgentina, Ecuador, Bolivia y Venezuela y fomentar la seguridad jurídica para las inversiones extranjeras. De lo contrario, la fuga de capitales será cada vez mayor y, en paralelo, los costes de financiación para el Estado dominicano se incrementarán. La nueva Administración tiene pendiente el pago de sendas indemnizaciones dictaminadas por el arbitraje internacional a la compañía Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras (Codacsa), mayoritariamente de capital español, y de Azucarera Porvenir. Las agencias de rating Moody's, Standard & Poor's y Fitch, así como el Banco de Desarrollo Iberoamericano (BID) están vigilantes.
A pesar de que España es el tercer inversor extranjero -por detrás de Estados Unidos y Canadá-, el segundo mayor receptor de inmigrantes dominicanos, el noveno exportador al país caribeño y el mayor contribuyente de ayudas al desarrollo de la República Dominicana, son varias las empresas españolas que han sufrido las prácticas del anterior Gobierno, capitaneado por Leonel Fernández. La inseguridad jurídica ha dominado el país dominicano en los últimos años. Impagos por trabajos y servicios ya realizados, incumplimientos contractuales, cancelación o paralización de contratos firmados sin causa razonable y, por supuesto, sin pago de indemnización, actuación arbitraria de las autoridades aduaneras e, incluso, invasión de los terrenos en los que trabajan las empresas, han sido algunas de las prácticas acometidas por la Administración Fernández contra grupos españoles, que adicionalmente han tenido que soportar campañas de ataque en los medios de comunicación por parte de miembros del Gobierno. El arbitraje internacional ha emitido varios laudos a favor de empresas españolas, pero el Ejecutivo de Danilo Medina, que llegó al poder en agosto y ha expresado su intención de solventar los problemas con empresas españolas, aún no ha cumplido con los pagos ordenados. Es el caso de Codacsa y de Azucarera Porvenir, a las que les adeuda 45 y 1 millón de dólares, respectivamente. En una reciente entrevista con LA GACETA, el ministro de Industria y Comercio de la República Dominicana, José del Castillo, aseguró que las autoridades “están evaluando las diferentes opciones para cumplir con los laudos” dictaminados por el arbitraje internacional y “pagar los montos a los que fuimos obligados”. Hoy arranca la XXII Cumbre Iberoamericana en Cádiz, donde el Gobierno español tendrá ocasión de transmitir a las autoridades dominicanas -el propio Medina participará en la cita- la preocupación por la seguridad de las inversiones españolas en la República Dominicana, tal y como ha hecho con grandes empresas como Repsol en Argentina o Red Eléctrica en Bolivia. En septiembre, el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, que intervino -sin éxito- unas semanas antes en el conflicto de Codacsa, anunció la creación de una unidad de seguimiento específica que asista a las empresas nacionales en las "disputas comerciales" que les surjan en el exterior y otra que se dedicará a detectar las "barreras" de las compañías fuera del país.
