Madrid.- El Congreso de los Diputados aprobó el pasado 17 de mayo con los únicos votos del Partido Popular y de UPN la convalidación del Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril llamado de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.
Entre las muchas y controvertidas medidas que incluía la reforma hay una que ha concitado un rechazo generalizado, la exclusión de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular de la atención sanitaria (excepto urgencias y atención a mujeres embarazadas y menores de 18 años).
Colectivos médicos, ONG y Comunidades Autónomas rechazan una reforma vía decreto, la consideran injusta, aseguran que no va a suponer un ahorro de costes al incrementar el uso de los servicios de urgencias y es contraria a una política de salud pública.
Para justificar la exclusión de un colectivo altamente vulnerable se han difundido durante años mitos y falsas leyendas entorno a la población inmigrante y el sistema sanitario. Aquí van alguna de estos lugares comunes (y erróneos):
Las personas inmigrantes colapsan los servicios de atención primaria. Es falso que las personas inmigrantes saturen el sistema sanitario público; de hecho usan menos el sistema de atención primaria que la población autóctona. Así lo demuestran varios informes como el realizado por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) en 2008. El informe mostraba que las personas inmigrantes, representando más del 10% de la población residente en España, pero sólo suponían el 5% de los pacientes de atención primaria, muy lejos de su presencia en la sociedad. Sobre el uso de los servicios de Atención Primaria por parte de inmigrantes en España, el 57,7% de la población española había acudido al menos una vez en el periodo de un año frente al 12,7% de la población inmigrante. Uno de los estudios más exhaustivos fue el elaborado por médicos de Atención Primaria de Zaragoza. En él se analizaron más de 5 millones de visitas de una población de 473.523 personas (el 11,17% inmigrantes). Según este análisis, los inmigrantes adultos fueron 4,2 veces a la consulta médica por las 6,7 de los españoles.
Los inmigrantes = turistas sanitarios. Las personas inmigrantes no vienen a España para servirse de los sistemas de cobertura socio-sanitaria y mucho menos son turistas. Según una encuesta elaborada por Médicos del Mundo entre inmigrantes sin permiso de residencia en 2009, sólo el 4% de las personas encuestadas citó razones de salud cuando se les preguntó por los motivos que les habían llevado a emigrar a nuestro país. En todo caso, el debate sobre la existencia del “turismo sanitario” está referido a otro perfil de población extranjera procedente de la propia Unión Europea. La vinculación entre ambas circunstancias no es equiparable, tampoco en términos de renta (normalmente altas en aquellos que provienen en su mayoría de Europa y usuarios del llamado “turismo sanitario” y habitualmente bajas en el caso de los inmigrantes).
El sistema sanitario se financia con las cuotas de la Seguridad Social. Esta reforma ha vuelto poner de manifiesto la confusión y desconocimiento entre políticos, medios de comunicación y ciudadanía de la forma en la que se financia el sistema nacional. El Barómetro Sanitario de 2009, un estudio de opinión que realiza cada año el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas, el 46,2% de los de las personas que respondieron a esta pregunta creían que la sanidad pública en España se financiaba con las cuotas a la Seguridad Social que satisfacen las personas que trabajan. Tan sólo el 27,2% manifestaron que se financia mediante los impuestos que pagan toda que paga toda la ciudadanía. Un 15,8% contestaron que se financiaba por ambas vías, por los impuestos y por las cuotas a la Seguridad Social y el 10,3% no sabía cómo se hacía.
Desde el 1 de enero de 1999, el Estado asumió totalmente la financiación de la asistencia sanitaria, suprimiéndose la aportación de cotizaciones sociales y produciéndose la “desvinculación total de la Sanidad y la Seguridad Social”.
Es, a partir de dicha fecha que culmina la separación entre atención sanitaria y Seguridad Social, cesando el aporte de cuotas directas desde ésta y pasando a financiarse aquella íntegramente con impuestos generales que salen del bolsillo de toda de la ciudadanía en las más variadas e indistintas formas impositivas con que el Estado se nutre de los fondos precisos para atender todos los servicios que ha de prestar (IVA, IRPF, Impuestos Especiales, etc.).
Las personas inmigrantes irregulares no contribuyen al sostenimiento de la Sanidad. Relacionado con el punto anterior, es obvio que las personas inmigrantes (también las que no tienen permiso de residencia) contribuyen a la financiación del sistema sanitario. Excepto en el caso del IRPF (impuesto que no pueden pagar porque carecen de permiso de trabajo) las personas inmigrantes pagan todos los impuestos que gravan la compra de bienes o los impuestos sobre el alcohol, el tabaco y la gasolina.
Deben pagar por la atención a través de la vía de los convenios-seguros. El Gobierno central planea crear, bajo el nombre de convenios especiales para que puedan volver a ser atendidas en el sistema público. El método elegido es que puedan suscribir algo parecido a pólizas con pagos que se asemejan a los de los seguros sanitarios privados. La orden que se han transmitido a las comunidades autónomas es que las personas menores de 65 pagarían 710,4 euros al año —59,20 mensuales— y de 65 años en adelante, el coste ascendería a 1.864,80 euros anuales (155,40 al mes). Distinguir entre grupos de edad y adjudicándoles el supuesto precio medio de atención sanitaria sigue una lógica de aseguramiento privado que reparte el riesgo dentro de un grupo particular de la población, sin considerar la solidaridad intergeneracional. Además, como hemos explicado, es injusto sugerir que las personas en situación administrativa irregular no contribuyen ya que están pagando los impuestos indirectos. Con estas pólizas, las personas sin permiso de residencia estarían pagando por la atención por dos vías, pagar dos veces.
La exclusión se hace para “converger” con Europa. No es cierto que, como argumenta el Ministerio de Sanidad, la exclusión de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular en España nos acerque al contexto europeo. Con el decreto España se sitúa al nivel de Eslovenia, Chipre y Polonia, países donde las personas extranjeras no regularizadas, salvo menores, sólo pueden ser atendidas en las urgencias. Con esta reforma, España pasa de estar en la vanguardia entre los países europeos que garantizaba la universalidad en la atención sanitaria a la cola en la Unión Europea. En países de nuestro entorno como Francia, Bélgica, Italia y Portugal las personas extranjeras sin permiso de residencia tienen derecho a cobertura sanitaria.
El tratamiento sanitario puede recaer en las ONG. Los responsables del Ministerio de Sanidad han manifestado que está previsto firmar convenios con organizaciones que atienden a inmigrantes de manera irregular para que también se les pueda atender en atención primaria. Sin embargo, las ONG no deben ni van a sustituir al Estado. Médicos del Mundo atendió a más de 19.000 personas inmigrantes el año pasado pero ni propia Organización ni otras ONG pueden hacerse cargo de analíticas, especialistas, pruebas, derivaciones y prescripción de medicamentos que proporciona el sistema sanitario público y, mucho menos, sustituir y suplir las obligaciones y deberes del Estado. La respuesta para la atención de los inmigrantes en situación irregular no es la beneficencia o la generación de estructuras paralelas. Un sistema paralelo o un acceso a través de una “puerta trasera” conculcarían el derecho a la salud reconocido en nuestra carta magna además de no ser viable técnica ni sanitariamente.
